¿Hacia dónde va el desarrollo? El caso de la Central Hidroeléctrica Mediterráneo

August 4, 2016

En el 2011, la Empresa Mediterráneo S.A presentó al Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto para construir una central hidroeléctrica en el valle el Manso, en la confluencia del río Torrentoso y el río Manso (X Región de Los Lagos), zona caracterizada por poseer a su alrededor más de 7 parques nacionales, además de ser declarada reserva de la biósfera y zona de interés turístico por la ONU el año 2007.

 

Pero, ¿qué tiene de conflictivo este proyecto? A simple vista, nada: el Sistema de evaluación de impacto ambiental aprobó el proyecto, que supuestamente traería beneficios a la región construyendo un camino para la comunidad local, y al país, obteniendo la energía que Chile tanto necesita. 

 

Sin embargo, el conflicto no radica en el proyecto mismo, sino en la forma en que éste se ha desarrollado. Forma que no solo denota poca transparencia en la información entregada a la comunidad local por parte de la Empresa Mediterráneo, sino que también una nula fiscalización por parte de las autoridades encargadas de llevar a cabo la evaluación del impacto medio ambiental.

 

Comencemos desde el principio…Todas las empresas con proyectos de este tipo deben desarrollar un informe de impacto ambiental, el que es evaluado por el Ministerio del Medio ambiente. En este informe, la empresa Mediterráneo S.A no solo no consideró el impacto medioambiental de realizar el camino para poder construir la central, sino que además eludió procesos de calificación medioambientales, razón por la cual la Superintendencia del Medioambiente resolvió paralizar las actividades del proyecto por un período de 14 meses, luego de que la comunidad se organizara para presentar una denuncia (Patagonia, 2015).

 

Además hubo falta de transparencia en el proceso de consulta, donde, a pesar de haber realizado la consulta ciudadana (no así la indígena, la cual es obligatoria), la información no fue incluida en el informe de evaluación.

 

Finalmente, los habitantes locales acusan a la empresa de irregularidades en la compra de los terrenos en la zona, específicamente en mentirles sobre el futuro uso que le iban a dar a las tierras. Tal como un vecino menciona en el informe: “el campo del Río Frío se lo compraron todo así como turistas (…) iban a hacer parque, así fueron engañando a la gente” (Cruz & Poggione, 2016).

 

¿Dónde estaban las autoridades y los mecanismos estatales para regular estos hechos?, o más importante aún, ¿Son suficientes los mecanismos para regular un conflicto socio ambiental como el de Puelo?

 

La respuesta es claramente, no. El Sistema de evaluación medio ambiental, única medida que ofrece el Estado para el desarrollo sostenible de proyectos energéticos, desde 1997, ha aprobado el 95% de los proyectos. Las empresas tienden a mitigar las consecuencias del daño ambiental que producen a través de fundaciones, y con ello, el sistema se perpetúa, escondiendo proyectos pocos sustentables bajo un ala social. No es diferente en el caso de la empresa Mediterráneo, la cual creó la Fundación Cochamó.

 

Lo anterior no es más que el reflejo de una  institucionalidad medioambiental débil, tanto en términos legales como de fiscalización: los mecanismos de regulación se encuentran adaptados a una lógica económica extractiva, donde la mayor parte de los recursos naturales se encuentran en manos extranjeras y son vistos solamente en términos económicos.

 

Un ejemplo claro de esta situación es que los derechos de agua de la comuna del valle del río Puelo se encuentran en manos de ENDESA, empresa italiana. Esto implica que los habitantes de la zona no pueden hacer uso legítimo de las aguas que cruzan sus terrenos. Incluso esta empresa tendría derecho a ejecutar proyectos en terrenos privados.

 

Hay una cosa que está clara: el Estado no está cumpliendo su deber.

 

 

Acá no se trata de conservar un espacio natural a toda costa, si no de comprender que el sistema es más complejo: que la defensa del territorio y de la naturaleza que están dando organizaciones tales como Puelo sin Torres, las Juntas de Vecinos, la comunidad Mapuche a ambos lados de la cordillera, GeoAustral y Mujeres sin Fronteras, implica la defensa a un estilo de vida que está íntimamente ligado al territorio de quienes lo habitan, y en este caso, a la misma naturaleza que significa su vida cotidiana.

 

El desarrollo económico debe considerar esas variables, porque son parte de la cultura e historia de nuestro país. Hablo de un desarrollo económico local, que tome otras opciones como viables, por ejemplo el turismo sustentable, que permite un desarrollo de la zona conservando su naturaleza, así como prácticas y estilos de vida de la población que allí habita.

 

La invitación está hecha: creo que podemos avanzar hacia otra forma de comprender el desarrollo económico, respetando estilos de vidas, y asumiendo, que si estos van a cambiar, no tienen porqué ser pasado a llevar a la naturaleza allí existente. Y  tanto el Estado como la sociedad civil tienen un papel vital en este proceso: el primero como ente regulador y educador, y el segundo como fiscalizador cuando el primero no cumple su rol.  

 

 

Fuentes:

- N.Cruz y Poggione, 2016, “Análisis del conflicto socio ambiental en la cuenca de los ríos Puelo y Manso: Caso Mediterráneo”.

- Patagonia, C. P. (21 de Diciembre de 2015). http://www.puelopatagonia.cl/. Obtenido de http://www.puelopatagonia.cl/archivo/paralizan-las-obras-de-la-mega-central-mediterraneo-en-la-cuenca-del-rio-puelo/

 

 

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